Acabar con las ruedas sueltas del Estado

editorial 150x150 Acabar con las ruedas sueltas del EstadoCuando La Trocha entró en crisis la población se volcó injustamente contra la Presidente Chichilla. Cuando se invirtieron en La Platina $10 millones sin resultado alguno, la prensa y la gente se lo atribuyó al MOPT, en la figura de su Ministro. Cuando se repite lo que todos sabíamos: que FONABE es una institución inútil, todos vierten sus acusaciones sobre el MEP. Sabemos además que JAPDEVA hoy no aporta recursos al desarrollo de la cuenca atlántica porque estos apenas alcanzan para los privilegios laborales y excesos de personal; y que RECOPE no refina, pero tiene un departamento para ello y una planilla que incluye jugosos sueldos.

¿Qué tienen todos estos casos en común? El Ministro de Obras Públicas ya lo sabe y ha anunciado correctivos que apuntan en la dirección correcta. Se trata de un modelo de gestión colectiva, una especie de escudo que enlentece las decisiones, que impulsa la dispersión interna de recursos, y que opera con total impunidad, no importa que haga algo o que lo que hace es bueno o malo. En gestión colectiva, a través de juntas o consejos, todos son responsables y ninguno lo es, lo cual anula toda posibilidad de rendición de cuentas. Es un legado complejo e ineficaz de la judicialización del Estado costarricense, que produce algunos beneficios gremiales a los abogados, pero entorpece la gestión pública.

El país tiene tres problemas relacionados, que requieren pronta decisión:1) la carencia de Políticas de Estado, en gran medida porque a los políticos (ministros y presidentes ejecutivos) se les ha encargado la administración de sus instituciones; 2) pobre ejecución de proyectos de desarrollo, porque el político no tiene competencia para aportar las tecnologías para producir productos de calidad, en condiciones de eficacia, eficiencia y equidad. Además, su principal estímulo emana de los procesos electorales, uno previo y otro futuro. Esto, legítimo en democracia, produce resultados catastróficos cuando es llevado a la administración; y 3) el régimen de adscripción y autonomía ha producido enormes ruedas sueltas del Estado, que nadie controla y que se resisten someterse a la política pública.

Ello ha redundado en un ejecutivo débil, de cuyo ámbito de autoridad escapan las instituciones más grandes, que en conjunto representan más del 60% de los recursos del Poder Ejecutivo. Incluso muchas organizaciones dentro del Gobierno Central adquieren independencia bajo el mecanismo de adscripción, como ocurre con Fonabe, una institución invadida por la ineficiencia. Las dificultades en hacer que ciertos órganos cumplan con sus objetivos las ilustran las declaraciones de la Viceministra de Educación cuando reconoce que, aunque el Fonabe está adscrito a ese ministerio, una eventual injerencia está limitada por la ley de creación del Fondo, que le asigna máxima desconcentración.

Tres reformas podrían acabar con este problema y de paso incrementar la autoridad del Poder Ejecutivo, a quien le exigimos cumplir, pero no le damos la autoridad necesaria que coordinar en forma eficaz los procesos de desarrollo:

Que los ministros tengan dos funciones principales: conducir la política pública en su ramo y controlar por resultados su ejecución. Se liberan de la administración de sus respectivas instituciones y la rectoría política incluiría a todo el poder ejecutivo, incluso las instituciones bajo algún régimen de autonomía o adscripción.

Que la administración de las organizaciones públicas se encargue a gerentes profesionales, seleccionado por competencias a través de un mecanismo independiente de la política, que tenga estabilidad mientras dure su buen desempeño y cuyos salarios sean competitivos con el mercado interno. Su labor se controla no por procesos, sino por resultados, los que, a su vez, emanan de la política pública. Este nivel de organización tendría un escudo institucional que lo proteja de la interferencia política, pero, reiteramos, tiene que rendir cuentas por resultados.

Que las juntas directivas, consejos y otros órganos de gestión colectiva sean eliminados. O, si persisten, que no tengan funciones que debiliten la gerencia de cada institución y se ocupen de asuntos de alta estrategia, presentados por la Gerencia. Sus miembros serían seleccionados por competencia y no por sus preferencias políticas o representación de intereses particulares y actuarían como cuerpos consultivos, no deisorios.

Estas reformas sencillas (requieren ajustes legales y constitucionales) tienen ganancias para todos. Para el Poder Ejecutivo porque incrementa las posibilidades de éxito en el cumplimiento de su compromiso político-electoral. Y, si esto ocurre, la democracia también saldrá robustecida, porque el electorado acudirá cuando el presidente cumple. Si incumple ¿cuál es el sentido de acudir a votar?

Segundo, si los políticos se concentran en la gestión de la política pública, es posible que lleguemos a contar con Políticas de Estado. Se corrige así un vacío que crea incertidumbre sobre el Estado y el desarrollo que todos queremos y las vías para alcanzarlos.

Tercero, aproximamos la excelencia a la administración pública, al procurar la tecnología, experiencia y competencias requeridas para lograr productos de calidad, producidos en el menor plazo y al menor costo posible. Hoy esos productos no llegan a la población y si lo hacen, llegan en forma extemporánea, de mala calidad y a costos prohibitivos.

Algo de esto ha sugerido el Ministro de Obras Públicas. La cuestión es, si el problema es general, porque no hacer una reforma que abarque a toda la administración pública.


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