Ante la calumnia, se impone el límite de la ley y la justicia

serpiente calumnia rumores 300x214 Ante la calumnia, se impone el límite de la ley y la justiciaPor Róger Alfonso García Barrantes

Criticar, satirizar, caricaturizar, son algunos de los métodos más utilizados por el periodismo y la ciudadanía para expresar su inconformidad con el gobernante de turno. Esto ocurre comúnmente  en las sociedades democráticas, aunque también  en aquellas de corte autoritario que permiten cierto margen de libertad de expresión en los medios para no deteriorar su imagen a  nivel internacional. En estas últimas sociedades, la ciudadanía ejerce el “derecho al berreo”, aunque sus puntos de vista y cuestionamientos jamás incidan o sean tomados en cuenta a la hora de las decisiones gubernamentales, porque no existe equilibrio de poderes y la institucionalidad es muy débil o inexistente, solamente decorativa.

En América Latina, la lucha por alcanzar el derecho pleno a la libertad de expresión ha tenido a veces como precio la cárcel y la muerte. Solamente en Centroamérica, exceptuando a Costa Rica, el derecho a la libre expresión fue cercenado por dictaduras de corte militar, de derecha e izquierda, durante las décadas de los 60, 70 y 80 del recién concluido siglo XX. Muchos periodistas y políticos latinoamericanos, entre ellos el nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y el venezolano Carlos Andrés Pérez (ambos ya fallecidos), gozaron del abrigo del exilio en suelo costarricense ante la persecución desatada por sus respectivos gobernantes.

Ejemplo de lucha similares por la democracia y la libertad son abundantes a lo largo y ancho del mundo.  ¿Pero, es la libertad de expresión una trinchera permanente tras la cual protegerse con inmunidad absoluta para decir lo que queramos, aun en perjuicio del honor y la integridad moral de cualquier persona, sea esta figura pública o no?

En la mayoría de las legislaciones de países democráticos, donde la libertad de prensa y expresión se respetan y son un efectivo recurso para incidir en la toma de decisiones gubernamentales, se reserva un espacio para prevenir, y en su caso sancionar, el uso irresponsable de esta libertad. En pocas palabras, sin bien yo puedo hablar y escribir lo que pienso con plena libertad, también seré responsable de lo que publico y deberé responder ante la justicia cuando mis afirmaciones sean consideradas calumniosas, difamatorias e injuriosas de parte de un tercero.

Lo anterior es procedente de manera independiente de que mis ideas hayan sido publicadas en algún medio de comunicación tradicional o bien, a través de las redes sociales, ventana que con la apertura de la tecnología se ha convertido en la tribuna preferida de muchos para decir lo que les da la gana, sin pensar en límites ni en las consecuencias de sus palabras.

Un político ejerciendo un cargo público está sujeto a críticas, a bromas, a insinuaciones y en fin, a muchas cosas más. Pero con el honor de una persona no se juega. Así lo indica la lógica, el sentido común, la sana convivencia que se acuna en el derecho natural, pero sobre todo, así lo establece el derecho positivo en nuestro Código Penal.

Por eso y sin ser “laurista”, coincido con la posición de la ex mandataria Laura Chinchilla cuando dice: “Cualquier persona que verdaderamente valora su honra está dispuesta a defenderla y es lo que haré, como cualquier otro ciudadano”.

Y es que, en el nombre de la libertad de expresión y haciendo abuso irresponsable de la misma, especialmente en las redes sociales, cualquier vulgar chisme de patio se convierte en supuesta noticia para desprestigiar a quien sea. Ante ello, se impone el límite de la ley y la justicia.


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