Cor-ticos

noticortos8 150x150 Cor ticosCorrupción e ineficiencia pesan para que nuestro Estado no sea un instrumento de desarrollo en equidad y justicia. Es el sistema estúpido diríamos parafraseando al expresidente Bill Clinton, en su campaña frente a Bush padre. Pero esto no parece ser tan claro en la mentalidad del Gobierno, que parece más interesado en resolver caso por caso. Este enfoque tiene el problema de que produce desgaste físico, de tiempo y recursos, con algunos resultados restringidos, a la vez que las causas subyacentes siguen latentes como generadores futuros de situaciones de crisis. El Sr. Presidente nos ha dicho que no habrá reforma fiscal durante sus dos primeros años de gobierno. Sin embargo, bien haría en atacar el problema institucional, por una parte, causa subyacente del déficit fiscal y, por otra, principal obstáculo a cualquier iniciativa de desarrollo. Lo dijo el Sr. Ministro de Obras Públicas, para hacer algo, primero hay que poner un poco de orden.

Muchos pobres ignorados. No son necesarios 300 días para saber que los programas para combatir la pobreza cubren a personas y familias que no reúnen esa condición, mientras quienes están fuera de la línea de pobreza o vulnerabilidad reciben los beneficios de esos programas. Nada nuevo, al menos para quienes damos seguimiento a numerosos diagnósticos en la materia. Un reciente informe del PNUD destaca que muchos beneficiarios de los muchos programas sociales públicos no son pobres. También lo hizo el Informe del Estado de la Nación. Y ahora resulta que el IMAS ignora la condición de pobreza del 75% de su población beneficiaria. En columnas anteriores nos hemos referido al problema de ineficiencia extrema y corrupción de Fonabe, en perjuicio de estudiantes pobres.

La institucionalidad es corrupta. La Fragua ha destacado la existencia de una forma de corrupción extrema por sus resultados. El Estado costarricense nos cuesta el equivalente al 78% del PIB, uno de los más altos del mundo (49% del PIB es el costo medio del estado en los países nórdicos y mucho más bajo en la mayoría de los país). El fin último del Estado es construir un entorno de armonía para dirimir diferencias y velar por el bienestar de toda la población. Tal fin ha sido pervertido en muchos sentidos. Ocurre con los privilegios excesivos en todas las organizaciones públicas, incluso las del Poder Judicial que, de acuerdo con el artículo 33 de la constitución, debería prevenir que ello ocurra. También cuando los funcionarios del MEP logran que una de sus dependencias (Fonabe) asigne 634 becas a sus hijos que no reúnen el respectivo perfil de pobreza. Y sigue ocurriendo cuando los excesos de personal consumen cantidades sustanciales de recursos en instituciones como ICE, Recope, Japdeva o Limón Ciudad Puerto, que gastó en planilla sin realizar las obras previstas.

Modelo de organización y gestión, el villano. Ya lo dijo el Dr. R. Piza en la pasada campaña electoral: la corrupción es hija de la tramitología. Los procesos de administración pública están hechos, pareciera, para que nada se haga. El judicialismo ha creado una tramitología que privilegia los procesos y la impunidad funcionaria y que ha dejado a la libre la generación de resultados. También nos ha heredado una organización donde el control y la independencia se han convertido en objetivos superiores, contrario al principio de sinergia que demanda cooperación y coordinación. La autonomía y la adscripción son los instrumentos apropiados para evadir la política pública y una conducción sólida del desarrollo, que le pedimos al Presidente de la República pero lo obstaculizamos para que no ejecute. Aportan a ello la organización que le impide al MEP intervenir Fonabe y al Ministro Sensini actuar en los “terrirorios” que se reparten varios consejos.

La raíz común a estos problemas. Nos abrogamos el derecho a ser cansones en este tema. Los modelos judicializados, diseñados en forma abusiva con mentalidad legalista y excluyendo a los expertos en la materia (economistas, administradores, ingenieros, etc.) han logrado crear toda una vasta instrumentalización que anula la función de gobierno y genera costos de los cuales se beneficia la burocracia interna y poco o nada la población. Hay decisiones esenciales que la reforma institucional debe considerar.

Zapatero a tus zapatos: que los políticos se dediquen prioritariamente a la gestión de la política pública en sus respectivos ramos. La motivación principal del político es el proceso electoral previo y el subsiguiente. Esto es legítimo y es parte de las reglas de juego de la democracia. Pero no tiene competencias para administrar las organizaciones que deben ejecutar las políticas. Peor aún, al intentar “administrar” y enfrentar situaciones para las cuales no está preparado, la administración se vuelve un enjambre inmanejable que impide su focalización en la política pública. El resultado es que el Estado carece de las Políticas de Estado, que definan el país que queremos ser y los instrumentos para lograrlo.

La gerencia pública: la solución a muchos de los problemas de corrupción y eficiencia se encuentran en encontrar la tecnología apropiada a los procesos de gestión pública. Lo cual empieza por tener gerentes profesionales de excelencia comprobada, seleccionados a través de mecanismos independientes, estables mientras dure la calidad de su desempeño y que tengan un escudo protector para evitar la interferencia política. Eso sí, al nivel de decisión política le corresponde controlar por resultados a los gerentes y sus instituciones. Es bueno recordar que la ética profesional del gerente está relacionada con la generación de productos de calidad, al menor costos y en el menor plazo posible.

La gerencia pública y el enfoque de negocios. En distintas ocasiones La Fragua ha diferenciado la administración pública (o social) de la administración de mercado. Uno de los riesgos es que la primera sigue como principio de excelencia la equidad, mientras la segunda la eficiencia y su vinculación con los costos y la rentabilidad. No entender esta distinción puede afectar negativamente la equidad y privilegiar la eficiencia. Sin embargo, si por una parte el sistema político se encarga de definir la política pública y, por otra, el gerente profesional es responsable de su ejecución, se logra un equilibrio entre equidad y eficiencia. La equidad emana de la política pública, mientras la eficiencia surge en los procesos separados y a la vez interdependiente de gerencia pública. En este nivel los instrumentos de la administración privada encuentran un espacio lógico de aplicación. Los consejos y juntas directivas deben desaparecer u ocuparse solo de las grandes estrategias de ejecución de la política pública. No debe interferir con las decisiones de la gerencia, para que pueda montarse un proceso de rendición de cuentas, centrado en resultados.


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