Derechos adquiridos, rompimiento del tope de cesantía y convenciones colectivas

Decíamos la semana pasada que el tema  de  los  “derechos  adquiridos  o  situaciones  jurídicas  consolidadas”  ha  venido  siendo desarrollado por las diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia, de manera particular por la Sala  Constitucional. Encontramos un hito en el desarrollo de la jurisprudencia que lo marca la sentencia  2765-97 pues es  citada repetidamente en ulteriores sentencias de la Sala Constitucional, y de las Salas Primera y Segunda.

Según esta doctrina de la Sala, el derecho adquirido implica que un bien o un derecho entran en la esfera patrimonial  de una persona; la situación jurídica consolidada por otro lado, no implica un aumento patrimonial, sino más bien que en virtud de una sentencia judicial o bien de una ley surge una regla clara y definida  que conecta un hecho condicionante con un efecto condicionado. Se representa con la proposición lógica “si…entonces…”.

Ambos  casos,  el  derecho  adquirido  y  la  situación  jurídica  consolidada  reciben  la  misma protección  constitucional:  la  nueva  ley  no  puede  aplicarse  retroactivamente  en  perjuicio  los derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas de ninguna persona.

Ahora bien, esa teoría de los derechos subjetivos o situaciones jurídicas consolidadas es matizada constantemente  por  la  jurisprudencia,  cuando  se  trata  de  derechos  de  los  funcionarios  del Estado;  de  ahí  que  es  viable  actualizar  la  legislación  en  esta  materia  siempre  y  cuando  se respeten los derechos adquiridos

Nuevas  condiciones  pueden    perfectamente  regir  no  sólo  para  los  nuevos  servidores  públicos, sino  también  que  puede  regir,  para  todos  aquellos  que  al  momento  de  su  vigencia,  o  bien,  al momento  de  finalización  de  la  vigencia  de  una  convención  colectiva,  tuvieran  una  mera expectativa de derecho, y no un derecho subjetivo o una situación jurídica consolidada.

En síntesis, es perfectamente de acuerdo a la Constitución Política, la variación que se haga de  expectativas  de  derecho  para  quienes  las  tengan  conforme  a  la  legislación  anterior.   Mientras esas expectativas de derecho no se hayan convertido en derechos subjetivos, la variación de esas expectativas es permisible, sin violar el principio general de irretroactividad de la ley.

Del Auxilio de Cesantía

El auxilio de cesantía es el derecho del trabajador despedido con responsabilidad del empleador a recibir una indemnización que se calcula tomando en cuenta los años laborados.  El Código de Trabajo dispone que se deben cancelar un máximo de 8 años por concepto de auxilio de cesantía.

La realidad nos demuestra que el tope del auxilio de cesantía ha sido roto, y que hay servidores del Estado que tienen una expectativa de recibir una indemnización de  hasta 20 años o más al momento de su jubilación.

El  derecho  al  auxilio  de  cesantía  se  convierte  en  un  derecho  adquirido,  cuando  la  persona trabajadora es despedida con responsabilidad patronal, o bien, cuando adquiere el derecho a la jubilación conforme se ha explicado.

Por  lo  tanto, es  conforme a  la  Constitución  Política el modificar el  tope  del auxilio  de  cesantía para todos aquellos servidores del Estado para quienes el auxilio de cesantía es, al momento de emitirse una nueva normativa, una mera expectativa de derecho.

Vigencia de las Convenciones Colectivas:

Las  convenciones  colectivas  regulan  de  manera significativa  los  salarios,  remuneraciones,  beneficios  e  incentivos  de  muchos  trabajadores  del Estado.    Los  convenios  internacionales  que Costa  Rica ha  suscrito,  así  como  reiterada jurisprudencia  del  Comité  de  Libertad Sindical y  de la  Comisión  de Expertos  de la Organización Internacional del Trabajo, impiden que una ley posterior modifique los derechos reconocidos por una  convención  colectiva.  La  única manera  de  hacerlo es  denunciando la  convención  colectiva, pero aun así la jurisprudencia desarrollo hace varios años la teoría de la incorporación de algunos derechos de la convención colectiva a los contratos individuales de los trabajadores.

Debido a un cambio en la jurisprudencia, los derechos provenientes de convenciones colectivas fenecen íntegramente con el vencimiento o denuncia de las mismas.  La  teoría de las cláusulas normativas que se incorporaban a los contratos individuales de trabajo y sobrevivían la extinción de la convención colectiva cedió ante la teoría de la autonomía colectiva.  Hoy en día, la denuncia de las convenciones colectivas deja sin efecto los derechos que ella reconocía.

Esto quiere decir que si las Convenciones Colectivas fueran denunciadas por el Gobierno, tarde o temprano dejarían de estar vigentes, y las relaciones entre el Estado y sus servidores podrían volver a ser más ajustadas a nuestra realidad económica de país. Esto, sin duda colaboraría a aliviar el déficit fiscal.

*Estas ideas fueron desarrolladas por el autor para el documento “Estado de situación en materia de salarios y remuneraciones del sector público costarricense” Mideplan, Agosto 2012.

acarro@central-law.com

Asesor laboral-corporativo

 

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