Hacia un nuevo modelo de organización y gestión pública

Es posible que una sustancial mayoría de los costarricenses coincidan en que nuestro Estado se encuentra en crisis y demanda cambio. No podía ser de otra forma, porque lo que hace el Estado no llega tarde, es de mala calidad y nos cuesta mucho. La ciudadanía sabe que paga costos crecientes por los servicios públicos, el empresariado protesta por el impacto de esos costos en competitividad, mientras varias empresas empiezan a salir del país. Es la fórmula perfecta para mantener una buena parte de la población en pobreza, ya que impide un crecimiento acelerado, la generación de empleo e ingresos y la lucha contra ese flagelo.  Estas relaciones son verdades evidentes por sí mismas, pero hay tendencias neoestatistas que se oponen, con una retórica de justicia social, pero con acciones que aportan al empobrecimiento de la población.

¿Qué hacer en torno a este tema? En un sentido práctico, implementar las reformas propuestas por los “notables”. Sin embargo, es importante analizar la experiencia histórica. Los Estados son esenciales pero también son ineficientes. La experiencia socialista en los países del Este Europeo fracasó, como ocurrió también en la desaparecida Unión Soviética, precisamente por la ineficiencia pública, por el crecimiento excesivo del Estado y por su costo. Cuba ha descubierto, lamentablemente 50 años después de sangre y lágrimas, que su modelo de planificación central fracasó; Venezuela se encuentra pagando por ello, en escasez de productos esenciales, la inflación más alta del continente y una increíble deuda pública para un país con ingresos que superan los $100 mil millones por año y, Corea del Norte está sumida en pobreza. En contraste, México ha empezado a liberalizar su deteriorara industria petrolera, para hacerla más competitiva, más productiva y, que sus recursos se reviertan sobre la sociedad en su conjunto, no sólo en su ineficiente y corrompida burocracia. En nuestro caso los altos costos de los servicios públicos están empujando a varias empresas fuera del país, en busca de alternativas más competitivas. Y con ello, estamos reduciendo las oportunidades de empleo e ingresos y aumentando la pobreza.

Indiscutiblemente, lo que ha hecho Peña Nieto en México y lo que se pretendió en nuestro país con el proyecto original para aumentar la generación eléctrica por parte del sector privado, es parte de un modelo, llamado aperturista y que confronta la posición neoestatista. Es de notar que México no ha privatizado, pero sí ha abierto las puertas a la atracción de capital que el sector petrolero no tiene, para hacerlo más competitivo, producir más y llevar más bienestar a la población. Para ponerlo en otra perspectiva, Venezuela experimenta con el chavismo centralista un deterioro de la capacidad competitiva, una reducción de la producción y menos ingresos fiscales. Y México ha hecho una reforma aperturista, al igual que nuestra pretendida reforma eléctrica que duerme el sueño de los justos en el congreso y que, reiteramos, busca más competitividad y más oportunidades de trabajo e ingresos para nuestros trabajadores. Y esto es, en esencia, a lo que se opone el neoestatismo, fuertemente afincado en el FA y presente entre algunos militantes del PAC.

En realidad andamos buscando más eficiencia de la administración pública, lo que implica más recursos para nuestros proyectos sociales. Deberíamos decir también que la eficiencia, principal indicador de excelencia de la organización lucrativa, no lo es para la empresa pública. En ésta lo es la equidad, que se plasma en indicadores cualitativos y cuantitativos de cobertura universal o coberturas específicas por factores de riesgo. Por una variedad de razones, la empresa pública tiene menores niveles de eficiencia con respecto a la privada y, por tanto, también costos mayores. Pero la equidad se encuentra, esencialmente, en la política pública, por cierto en estrecha relación con el proceso electoral. En democracias auténticas, las elecciones constituyen un delicado entorno donde se juntan quienes aspiran al poder con la población civil. Surge de esa relación el compromiso político presidencial, base para la política pública. Este trascendente acuerdo ha sido violentado en nuestro país, porque el Estado disfuncional obstaculiza, principalmente al Poder Ejecutivo, en su labor de coordinador y ejecutor principal de los proyectos de desarrollo.

Aunque hemos fallado en producir Políticas de Estado que nos permitan percibir con claridad el país que queremos ser y orientar los recursos nacionales en forma acorde, el aparato público administrativo fracasado en ejecutar al menos los aspectos más prominentes del compromiso político. Es decir, no ha sido posible, con algunas excepciones, entregarle a la población los beneficios del desarrollo, función principal del Estado. Es un tema administrativo pero tal vez más un tema social. Nuestro Estado es hoy un enorme aparato que no funciona y que nos cuesta el equivalente al 78% del PIB nacional. En La Fragua hemos hecho algunas estimaciones del costo de la ineficiencia y concluimos que, si fuera algo cercano al 20%, lo que el país perdería serían unos $7000 millones de dólares por año, cifra suficiente para cubrir el déficit fiscal e inyectar a la economía varios miles de millones de dólares cada año.

En otra perspectiva, la incapacidad para ejecutar la Política Pública nos lleva a otra dimensión del modelo de gestión pública. Es un problema de estímulos, que condiciona el comportamiento político, y de competencias. Los políticos en nuestro sistema de gobierno han asumido la responsabilidad por administrar instituciones tan importantes como el MOPT, el MEPT, la CCSS o el ICE. En general, las organizaciones públicas son entidades complejas, que requieren de personal calificado para elaborar los planes, organizar procesos tecnológicos sofisticados, gestionar recursos humanos, materiales y financieros, para generar los productos que demanda la política pública, con sus respectivas características de equidad. Este es un proceso técnico que se le debía encargar a gerentes profesionales, seleccionados por un órgano independiente, nombrado por tiempo indefinido, mientras dure su buen desempeño. Estos gerentes tienen una ética profesional que los impulsa a producir servicios (o productos) de calidad, en el menor plazo posible y al menor costo posible. Calidad, oportunidad y costo son los indicadores principales que permiten evaluar su éxito como gerentes. Y cuando el éxito no se produzca deberían irse para su casa.

Mientras al gerente, por ética profesional, lo motiva los tres factores mencionados (calidad, oportunidad y costo), el político tiene como fuente principal de motivación, un proceso electoral previo y el cálculo política relativo a un proceso electoral posterior. Esto es legítimo y congruente con las reglas de la democracia. Pero llevado a la gestión pública produce efectos catastróficos. Por ello, además de las aperturas, es importante que discutamos la idea de que gerentes profesionales se encarguen de la administración de las instituciones públicas y que los políticos se ocupen de la Política Pública y de evaluar por resultados, sin interferencia política, la gestión de esos gerentes. Por supuesto, en este modelo, sobran los presidentes ejecutivos. De hecho, deberíamos desterrar la idea, tan claramente errónea, de que instituciones como las ya mencionadas (ministerios e instituciones autónomas) puedan ser administradas por gerentes actúan bajo el efecto de motivadores político-electorales y que, en el mejor de los casos, duran en sus funciones 4 años. Esto, dada la complejidad de esas organizaciones, es la fórmula perfecta para el fracaso. Darle una oportunidad a una ejecución, eficaz, eficiente y profesional es, además, una forma de incrementar la confianza de la población en el proceso electoral y en la democracia.


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