La ética de la función pública maltratada

editorial 20121 150x110 La ética de la función pública maltratadaEl más reciente caso de presunta evasión impositiva por parte de un alto funcionario público expone la situación de un país con serios problemas éticos. Los hay de carácter personal, como el que hoy es centro de atención mediática, o de carácter institucional, como el caso de dos diputados, uno del PAC y otro del FA, que fueron motivo de un pequeño escándalo electoral, pero hoy funcionan con total normalidad en las respectivas fracciones legislativas. Por otra parte, podemos encontrar elementos de ética, responsables por la desgracia de más de un millón de costarricenses que sufren las consecuencias de la pobreza y la desigualdad. Tal vez todo es parte del tratamiento “light” que recibe la ética en nuestra sociedad, en buena parte porque no hemos llegado a entender sus raíces.

La ética en la problemática institucional es más compleja y difícil de precisar por el público y por la mayoría de los políticos, tal vez porque ambos carecen de la formación básica para poder apreciar sus raíces. Veamos algunos casos, pero antes fijemos el contexto a partir de ciertas premisas básicas: 1) en la estructura del Estado moderno, los mecanismos de control cruzado y el mantenimiento de una cierta independencia entre poderes y órganos de la administración es fundamental para la democracia. Es lo que se ha perdido en países autocráticos, como Venezuela, Cuba o Nicaragua; 2) la institucionalidad pública tiene una finalidad última, que es el bienestar de la población y el mantenimiento de entornos que preserven la diversidad, sin que medien conflictos individuales o colectivos; 3) en esa finalidad es importante tanto el crecimiento económico como los mecanismos para que la riqueza producida le llegue a todos los costarricenses y, 4) nuestro Estado tiene un costo elevado, bajo cualquier estándar, que es hoy equivalente al 78% del PIB. En consecuencia lo que haga, o deje de hacer, afecta las características de justicia y solidaridad del desarrollo y del Estado.

En este contexto, el parámetro principal para medir la bondad de nuestras actuaciones resulta de la medida del impacto positivo para lograr el bienestar social mencionado en el punto 2 anterior. Se presume que nuestras “buenas” actuaciones son producto de valores éticos y que esos mismos valores nos impulsan a confrontar las “malas” actuaciones, que tengan como efecto dejar a más de un millón de costarricenses en situación pobreza, desigualdad, con privaciones de distinta naturaleza y en exclusión. Dada la cantidad de recursos que absorbe el Estado, la ética pública se vuelve un factor determinante en el logro de su finalidad social última.

Pero somos un país “light” en materia ética y por ello está pagando más de un millón de personas, privadas de los niveles mínimos de bienestar. Para empezar, todos sabemos que si no hay sinergia, es posible que la organización pública no cumpla con sus metas y, si lo hace, los productos resultantes son de mala calidad, extemporáneos y costosos. Es decir, son inapropiados, llegan tarde y minan los recursos del desarrollo, como lo evidencia la crisis fiscal. Los órganos del Estado hoy parecen estar en competencia, sin los niveles mínimos de colaboración y coordinación que sus objetivos comunes demandan. Han hecho del control y la independencia sus objetivos finales y se han olvidado del lado humano de sus funciones, el bienestar social como un todo. Incluso, se dan interferencias mutuas: la Sala IV colegisla y coejecuta, mientras el congreso actúa con gran lentitud en la aprobación de proyectos, en contraste con los 4 años cortos que tiene el Ejecutivo para ejecutarlos. La violación ética es clara: la organización pública actúa en dirección contraria al cumplimiento de su finalidad social y no responde a las necesidades de los sectores en riesgo severo.

La ética del manejo responsable de los recursos públicos se ha pervertido por parte de su burocracia. Los beneficios laborales abusivos son la norma en todo el Estado. Nos referimos a salarios, derechos de jubilación, cesantías, incapacidades, etc. Y ocurre hasta en el Poder Judicial, responsable por salvaguardar la aplicación del principio de igualdad (y racionalidad) que establece el artículo 33 de la Constitución. El déficit fiscal es uno de los resultados de estos privilegios presentes en toda la administración pública. Pero, más grave, es el hecho de que sigamos estancados con niveles inaceptables de pobreza y desigualdad, mientras esos privilegios siguen creciendo y drenando los recursos del desarrollo. La ética del servicio público ha sido violada y los recursos asignados para beneficio de toda la población solo alcanzan para pagar los costosos privilegios laborales. Tal es el caso extremo de JAPDEVA que genera recursos sólo para salarios y nada para el desarrollo de una de las regiones más pobres del país.

Nos preocupa que la población rechace el proceso electoral y el debilitamiento que ello implica de nuestra democracia. Pero, en realidad, no hay un buen motivo para votar, porque los presidentes, aún aquellos que valoramos como buenos, siempre quedan en deuda. Y lo hacen porque venimos cercenando la autoridad y responsabilidad del Presidente desde la constituyente del 49. Su compromiso político no se puede cumplir, porque le negamos los instrumentos necesarios para conducir con autoridad la totalidad de los recursos del desarrollo. De hecho, tiene alguna responsabilidad limitada sobre un tercio de los recursos del Estado (Gobierno Central) y son ruedas sueltas el resto de los órganos públicos, entre ellos las instituciones en el régimen de autonomía del propio Poder Ejecutivo. Los obstáculos que se le han impuesto se agudizan con una tramitología que parece hecha para que nada se haga. La judicialización extrema del país ha creado instrumentos y estructuras que ponen los objetivos del bienestar social cada vez más lejos de nuestro alcance. De nuevo, un aparato estatal que corre en sentido opuesto a interés nacional y, en especial, de los sectores en vulnerabilidad.

La ética tiene sustento en valores que hemos desarrollado a través de nuestras vidas. Es lo que está detrás de toda nuestra cultura, como trasfondo del comportamiento individual y colectivo. Un elemento dominante de esa cultura es la crispación colectiva que canalizamos contra el político y la política. Y además, todo lo reducimos a la corruptela. Cierto que es un problema, a pesar de que los indicadores de transparencia favorecen al país. Pero la ética es algo más importante, nacida de valores que se han ido perdiendo. Y de una estructura institucional plagada de estímulos perversos y de trampas, ocultas en garantismos, intenciones de control, desequilibrios de poder y muchas formas de comportamiento que no aportan al bienestar social. Son prescindibles, pero no podemos deshacernos de ellas.

Mucho de lo que hay que hacer para recuperar valores que se han perdido en la creciente complejidad social, pasa por los sistemas educativos desde la niñez hasta los niveles superiores y por el fortalecimiento de la familia, debilitada al trasladar su eje principal, la madre, al mercado laboral, por un derecho legítimo. Pero no hemos previsto incorporar otros mecanismos para suplir el vacío dejado.

Es necesario que todos veamos la ética en sus distintas dimensiones, siempre teniendo como meta el bienestar social de toda la población, con especial énfasis en los sectores más desprotegidos. No tenemos excusa para ignorar las implicaciones de actuaciones desde el aparato público, porque los costos económicos y sociales son enormes. Estamos violando la ética cuando actuamos en forma abiertamente deshonesta, pero también cuando asumimos una actitud de indiferencia frente a una organización pública disfuncional, a una tramitología inservible que alimenta la corrupción y, a los regímenes de privilegio que se “roban” los recursos necesarios para combatir la desigualdad y la pobreza. Ignorar o postergar la decisión sobre la reforma institucional que corrija esas carencias, es darle la espalda a la ciudadanía y mantener el statu quo en materia de pobreza y desigualdad. Por sus vastas consecuencias, la peor forma de violación ética.


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