Opinión: ¿Se puede acosar a un trabajador mediante un procedimiento disciplinario?

Desgraciadamente sí, y sobre todo en el sector público, tal y como está ocurriendo todos los días. Esta es una opinión que tiene un sesgo de denuncia o si se quiere de advertencia.

Algo está ocurriendo en la Administración Pública. Por lo menos una vez cada semana llega a mi despacho una MUJER , y subrayo MUJER, en pos de mi ayuda profesional, porque se consideran abrumadas y hostigadas con los procedimientos disciplinarios que se han iniciado en su contra, dentro de alguna institución pública.

Me preocupa que esto esté ocurriendo, porque el remedio se está convirtiendo en una enfermedad.

Antes de la aprobación de la Ley General de la Administración Pública, no se conocía en Costa Rica lo que era el procedimiento administrativo, tal y como lo conocemos hoy en día. Luego, con la aprobación de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la instalación de la Sala Constitucional, el debido proceso vino a permear todo actuar de la administración pública y sus agentes; entiéndase, funcionarios públicos.

Con el afán de erradicar los abusos de poder, y garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos de este país, se estableció la obligación de realizar un procedimiento administrativo antes de tomarse la decisión de despedir sin responsabilidad a un funcionario público.

A diferencia de los despidos en el sector privado, en el sector público se establecieron procedimientos obligatorios, llenos de oportunidad para ejercer el derecho de defensa del funcionario público. Cualquier despido hecho sin un debido proceso. es ilegal.

Un procedimiento disciplinario implica que se nombra un órgano director del procedimiento, que rara vez está conformado por una sola persona; normalmente los procedimientos disciplinarios son integrados por tres funcionarios.

Tres funcionarios que deben conducir una investigación que busque esclarecer la verdad real de los hechos investigados. Este órgano debe estar investido de autoridad, conformado, y notificarle a los implicados el inicio del procedimiento dentro del mes siguiente al conocimiento de los hechos que se van a investigar. La administración tiene que pegarse la primera carrera.

Se les concede amplia audiencia a las personas investigadas porque se cree que son las responsables de los hechos investigados. Hay una comparecencia o audiencia, en la que los supuestos responsables, así como los investigadores tienen el derecho de hacerse acompañar por abogados, ofrecer testigos, peritos y toda la prueba que sea pertinente, en pos de establecer la verdad real de los hechos.

La primera resolución del órgano director del procedimiento administrativo tiene recursos de revocatoria y apelación que debe interponerse dentro de las veinticuatro horas luego de notificada. Los abogados tenemos que pegarnos también la primera carrera.

Esto de las carreras lo traigo a comentario porque denota que desde el inicio de cualquier procedimiento administrativo disciplinario las decisiones deben ser tomadas así, a la carrera, y eso no es un buen inicio para ninguna de las partes.

Los funcionarios que son designados por los jerarcas como miembros integrantes de los órganos directores de procedimientos administrativos invierten, por no decir mal invierten, mucho de su tiempo efectivo de labores, en administrar estos procedimientos, que muchas veces no tienen ni pies ni cabeza. Claro, ese tiempo que invierten en esas nuevas responsabilidades irá en detrimento de sus labores habituales. Son inquisidores a medio tiempo, y funcionarios con las funciones para las que fueron nombrados, otro medio tiempo. Esto, en el mejor de los casos.

Luego, durante los procedimientos administrativos disciplinarios, los testigos, y las partes involucradas deberán también invertir parte de su tiempo laboral, para servir a los propósitos del procedimiento. Decenas de horas de funcionarios públicos son invertidos en cada uno de ellos.

Pero además, el procedimiento en sí mismo, involucra un nivel de esfuerzo emocional para el grupo de trabajo, y para las personas investigadas, que ha sido advertido por quienes tienen el poder de ordenar su iniciación; se ha convertido en un instrumento de opresión en perjuicio de los funcionarios públicos no deseados.

Me ha tocado entrevistar a profesionales, sobre todo mujeres, con hojas de vida intachables e inmejorables desde el punto de vista de experiencia y atestados académicos, que rompen en llanto frente a mis ojos, y se declaran impotentes como niñas, ante los continuos procedimientos que se les abren, y que amenazan con abrirles. Se han convertido en su más negra pesadilla. Las hacen añicos, y no son capaces de soportarlo; cuando a simple vista parecen mujeres hechas y derechas, de esas que hacen que uno se quite el sombrero ante su presencia.

No conozco estudios ni estadísticas en nuestro sistema, que analicen este fenómeno. Pero sé que algo está mal, porque en el ejercicio de mi profesión, me encuentro con decenas de casos en que un procedimiento se inicia con la intención de desestabilizar a las personas investigadas; de romperlas emocionalmente, y no raras veces, de lograr que ellas mismas busquen un traslado, incapacidad o hasta la pensión anticipada.

Nadie es responsable al final del día, si los procedimientos terminan declarando que no hubo causa para una sanción disciplinaria; un jefe puede iniciar cuantos procedimientos disciplinarios se le ocurra, y por las más inverosímiles razones.

¿Sabemos cuántos de nuestros impuestos se invierten anualmente, en satisfacer los intereses personales de jefes que lo que quieren es quitarse a un funcionario de encima?

¿Tenemos idea del costo/beneficio de los innumerables procedimientos disciplinarios que tramita la administración pública?

¿Será que este instrumento para garantizar los derechos fundamentales de los funcionarios públicos se está utilizando con ocultos objetivos?

¿Será que la cura se convirtió en enfermedad?

acarro@central-law-com
Asesor laboral corporativo

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