¡Se acabó la privacidad! Navas es una víctima más de la sociedad de la información digital

Foto tomada de Internet.

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Si una persona llegara a obtener la clave de su cuenta de Facebook y la del correo electrónico que está ligado, no necesitaría de horas para husmear su historial, fotos, comentarios, mensajes (chats) o sus “likes”, pues la red social tiene una opción en la que se puede descargar todo ese material en una computadora en cuestión de minutos.

¿No le parece extraño que cuando ingresa una búsqueda en Google, un anuncio relacionado a esa búsqueda le aparece como por “arte de magia” en su muro de Facebook?

No es casualidad. Todo está relacionado y posiblemente esa información haya sido tomada bajo su propio consentimiento al aceptar los términos y condiciones de uso (algo que solemos hacer sin leer).

La tecnología, las redes sociales y los sistemas de información han puesto en discusión qué tan privada es nuestra privacidad; y parece ser que la respuesta es “nula”.

Los expertos en informática Roberto Lemaitre y Alonso Castro concuerdan con la conclusión anterior.

“Estamos bajo un escenario en que el bien más valioso de esta sociedad es la información y por lo tanto se lucra con esto, ya sea de forma ilegal o legal y es ahí donde nace una cultura digital”, comenta Lemaitre.

Si bien el caso del portero Keylor Navas raya en una discusión legal, ética y hasta moral, el arquero no deja de ser una víctima más de la digitalización de la información, pues desde cualquier computadora se puede acceder a esos datos por medio de un permiso que tienen los funcionarios judiciales.

Y no es el único. Por ejemplo, el acoso de las entidades financieras: ¿por qué una entidad distinta a la que usted está asociado le llama para ofrecerle un producto? ¿De dónde tomaron su número de teléfono o correo? Para usted puede parecer un misterio, pero claramente alguien está facilitando a terceros sus datos personales.

Lo legal, ilegal y el consentimiento

Según Lemaitre, la legislación obliga a las empresas o instituciones que manejan datos que para efectos de dar un servicio, deben informar a los usuarios cómo se va a manipular esa información y para qué la necesita, de otro modo no la pueden utilizar.

Sin embargo, para Lemaitre en la práctica esa restricción se irrespeta en algunos casos y es allí donde hay un acto ilegal.

Por otro lado está el uso de la información bajo el consentimiento de las personas, como cuando se crean los perfiles de redes sociales o una cuenta de correo electrónico.

El experto Alonso Castro teme que la mayoría de personas no revisa los términos y condiciones, acepta y luego no se da cuenta qué sucede con su información o a cuánta información están accediendo terceros.

Pero no toda la información requiere de un consentimiento, explica Lemaitre, pues existe información restricta y la que no lo es. Por ejemplo, los datos del registro civil son públicos y cualquier persona los puede consultar en línea y conocer la edad, estado civil, nombre de los padres, si tiene o no hijos y quiénes son.

Por otro lado, está la información que de ninguna puede ser compartida a menos de que exista una orden judicial de por medio, como lo es la información bancaria, que se comparte solo con la Superintendencia General de Entidades Financieras.

Sin embargo, no puede ser utilizada para que un tercero vea su información y menos para usarla a su favor o en su contra.

Lo mismo sucede con los operadores de servicio de telefonía que están en la obligación de resguardar la información de sus clientes como números de teléfonos, de llamadas, o grabaciones telefónicas.

Denuncie

El país cuenta con legislación reciente como lo es la Ley de Delitos Informáticos y la Ley de Protección de Datos para proteger a los ciudadanos ante intromisiones o un uso indebido de la información personal.

Con esta legislación se determinan las limitaciones que tienen las empresas o instituciones con respecto a la información y a la vez se establecen las sanciones.

Además, el derecho de la intimidad está estipulado en la Constitución Política del país y es una herramienta legal más para defenderse ante un proceso judicial.

Cuando una persona considere y pueda probar que su información ha sido mal utilizada tanto por empresas, privados o instituciones públicas, puede acudir al sistema judicial para interponer una denuncia.

También está disponible la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes que debe dar acompañamiento para que el ofendido interponga una demanda civil o penal.

Los expertos advierten que esas herramientas se utilizan cuando existe una violación a los derechos por parte de un tercero cuando no hay consentimiento, pero que en muchos casos las personas “regalan” la información sin darse cuenta para qué ni para quién.

La recomendación de Castro no es alejarse de la tecnología, sino adaptarse y educarse, pues en esta “era” de la tecnología de la información no hay vuelta atrás y evoluciona más de rápido de lo que nos podemos enterar.

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